Me parecio interesante este articulo, asi que lo voy a colocar integro......
1) Si se va, la Universidad de Tampa ya no va a poder presumir de su alumno más famoso.
2) Porque el Primer Mandamiento del gobierno de Felipe Calderón es impedir que AMLO gane, aunque la decencia política pierda.
3) Cómo quitarle al PRI un tema de chantaje permanente? 4) Qué haría la revista “Quien” con la portada donde bautizó a Mouriño como el “chico superpoderoso”.
5) Alguien tiene que recoger la antorcha del conflicto de interés que tan exitosamente cargó Diego Fernández de Cevallos.
6) Sin la participación de Juan Camilo en el gobierno su familia no podría prosperar y él los quiere mucho.
7) El componente internacional del gabinete de Felipe Calderón disminuiría notablemente.
8) Quién mejor para negociar la reforma energética que el miembro de una familia que se beneficiaría con su aprobación? 9) Removerlo sería claudicar ante la opinión pública y la ciudadanía. Y eso ningún gobierno mexicano lo puede hacer.
10) Alguien tiene que seguir demostrando que en México lo legal todavía tiene poco que ver con lo ético.
11) El PAN necesita probar que puede cerrar filas en torno a personajes con conductas cuestionables, como siempre lo hace el PRI. ¿Quién dice que no hay competencia en nuestro país? 12) Porque le faltan todavía muchos contratos por firmar para demostrar su profesionalismo, su capacidad y su decencia pública.
13) Porque como bien lo dice Germán Martínez, el presidente del PAN, su caso demuestra que Pemex ya contrata servicios con distintos particulares. ¡Y a mucho honor! 14) Porque el PAN no se va a detener en una anécdota personal ante su esfuerzo por mantener al mismo México de siempre.
15) Porque cuando el gobierno de Felipe Calderón dice que toma decisiones para que "Vivamos Mejor" no se estaba refiriendo ni a usted ni a mi, por lo visto.
16) Porque la PGR necesita demostrar una vez más que existe para cerrar expedientes y pa- ra aplicar la ley de manera discrecional.
17) Porque los calderonistas son profundamente nacionalistas; quieren seguir argumentando que “Como México no hay dos” y demostrar que si un gobernador en Estados Unidos renuncia por menos, aquí no es así. Se-guimos siendo excepcionales. ¡Viva México! 18) Los panistas necesitan estar orgullosos de alguien.
19) Porque Mouriño cree que con calificar las acusaciones en su contra de “mezquinas” y “dolosas” a la gente se le olvidará que son ciertas.
20) ¿Qué tiene de malo defender el interés público y los intereses empresariales al mismo tiempo? Ni que hubiera leyes que lo impidieran en las democra- cias funcionales.
21) Porque Mouriño no aprendió el concepto de “conflicto de interés” cuando estudió en los Esta- dos Unidos.
22) Porque el gobierno de Felipe Calderón quiere promover la inversión privada en el sector energético y Juan Camilo Mouriño ya demostró que él sí sabe cómo hacerlo. Y por qué no, de paso se aprueba también una ley en la cual sólo puedan formar parte de la Comisión de Energía los legisladores con familias involucradas en el sector.
23) Para lograr acuerdos que necesita, el PAN tiene que seguir permitiendo que Manlio Fabio Beltrones y el PRI decidan cuándo, a qué hora, y gracias a la supervivencia política de quién.
24) Porque cuando Calderón se refirió hace unos días a la importancia del estado de Derecho sólo estaba bromeando.
25) ¿Qué tiene de malo estar en la Comisión de Energía y mantener acciones en las empresas que podrían resultar afectadas por legislación aprobada allí? Si así ha sido siempre y por eso México es un país tan exitoso, con una clase empresarial tan dinámica, tan autónoma, tan poco acostumbrada a depender del gobierno.
26) Ya nadie se acuerda que la Secretaría de Hacienda le hizo un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación, por aceptar tarifas tan altas en los contratos que aprobó.
27) Porque Beltrones ya pactó la “oferta” entre quienes tienen secretos qué guardar.
28) Porque Juan Bueno Torio se tendría que ir también y tantos familiares dependen de sus buenos oficios políticos en Veracruz.
29) Ni que fueran sospechosas tantas adjudicaciones directas.
30) Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también tapó la corrupción y por eso la del PAN, desde su punto de vista, se vale y es más chiquita.
31) Porque cuando Felipe Calderón prometió un “México ganador” estaba hablando del que le aseguraría a sus amigos, por lo visto.
32) Porque como AMLO mantuvo cerrados los fideicomisos en la construcción de los segundos pisos, lo de Mouriño es poca cosa en la perspectiva de los panistas. O sea, hay de corrupción a corrupción.
33) Porque en el gabinete de Felipe Calderón lealtad mata eficacia y cercanía personal mata rendición de cuentas.
34) Porque Campeche se quedaría sin carreteras.
35) Y bueno, el PAN ha insistido en la ley de compatibilidad de legisladores, precisamente para que puedan seguir siendo empresarios.
36) Si un gobierno panista le devolvió a Ricardo Salinas Pliego 500 millones de pesos, ¿por qué no habría de avalar que Juan Camilo Mouriño firmara algunos contratos? 37) Porque seguramente Paty Chapoy dirá uno de estos días que Juan Camilo también es guapo.
38) Y además él ya sabe dónde está el tesoro y cómo ir tras él.
39) Porque el PAN cree que para defender a Mouriño basta con criticar al mensajero e ignorar el mensaje.
40) Porque el escándalo de Mouriño será remplazado por otro próximamente.
41) Si todo es tan sólo una “crisis de comunicación”.
42) Si todo es tan sólo “paja y cizaña”. Ni que hubiera evidencia de contratos firmados.
43) Porque a los amigos se les defiende, aun a costa de la credibilidad del gobierno.
44) No hay a quien colocar en su lugar.
45) Y el 70 por ciento de los encuestados que exige la renuncia de Juan Camilo Mouriño no importa. Si al fin y al cabo sólo son ciudadanos.— México, D.F.
Fuente:
Razones .....
lunes, marzo 17, 2008
martes, marzo 11, 2008
Los delitos y la confesión de Juan Camilo Mouriño
Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino.
El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 a 2000, Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche; de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.
Fuente: Los delitos y la confesion
Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.
En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino.
El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:
“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”
Servidor público y contratista
El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.
El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.
El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.
De 1997 a 2000, Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche; de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.
Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.
El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.
Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.
Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.
En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:
Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.
Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.
Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.
La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.
Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.
Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener.
Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.
Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.
Justificación amañada
En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:
Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.
La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.
En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.
El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.
Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”.
La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.
Complicidad
Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.
Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.
En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.
Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.
Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.
Fuente: Los delitos y la confesion
miércoles, marzo 05, 2008
Conflicto Ecuador , Colombia , Venezuela
Bueno, creo que para entrar en materia. A las FARC habria que considerarlas mas como un grupo terrorista mas que como un grupo guerrillero, ya que sus delitos abarcan desde el asesinato de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines políticos o extorsivos, atentados con bombas o cilindros de gas, y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles[19] violando así el Derecho Internacional Humanitario.
Sus acciones abarcan desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil e inclusive Panama. Mas de 31 paises consideran a esta grupo como un grupo terrorista, paises como Colombia, Peru, Estados Unidos, Canada y la Unión Europea.
Hasta hace poco tanto Ecuador, Brasil y Bolivia decidieron no intervenir, y Venezuela considera a las FARC, como un grupo beligerante pero no terrorista.
Despues de esta introducción, es evidente que hasta el reciente ataque realizado por Colombia, Ecuador decidio no intervenir en esa lucha. Es decir, no ha hecho absolutamente nada por resolver un problema que es local y que no incumbe solo a Colombia sino a 4 paises mas.
Pero como siempre Venezuela, y el Señor Chavez se han querido aprovechar de protagonistas, haciendo de "intermediador" entre las FARC y el gobierno de Colombia.
Me dio verdadera pena el presidente Rafael Correa, y de hecho me da una pena patetica, por que trata a los terroristas como alguien humano, que lo son evidentemente. Pero de darles el beneplacito de ser angelitos de dios es demasiado. En cuanto a Chavez, pues es evidente que ha estado financiando a las FARC, por que desestabilizando a Colombia estaria atacando a su "enemigo", El Imperio.
El que Chavez haya entregado 200 millones de euros a las FARC, creo que es una prueba suficienta para una ruptura de relaciones con Venezuela.
Ni Venezuela, ni Ecuador han tenido interes en resolver un problema que incumbe a esos paises. Y como ejemplo de resolución de un problema se puede poner a España y Francia como ejemplo de cooperacion en la lucha antiterrorista, donde Francia ha capturado a muchos terroristas etarras entregandoselos al gobierno español.
La lucha que ha llevado a cabo Colombia con apoyo de Estados Unidos en grande, y Estados Unidos ha sido el unico pais que decidio apoyar a Colombia contra el narco, pero el narco financiaba a las FARC, ahora destruido casi el narco, es Chavez quien las financia con nada mas y nada menos que 200 milloncejos de euros....vamos 566,136 mil millones de pesos colombianos.....casi na.....
La hipocresia de Chavez es inmensa, permitiendose el lujo de insultar a quien le plazca, su falta de respeto es inmensa...pero que Rafael Correa califique a los miembros de las FARC como angelitos de Dios por que les calleron unas bombitas....
Rafael Correa deberia de plantearse que deben hacer algo contra las FARC, y no seguir en la posición de que es un problema de Colombia, no ya no lo es, es de Ecuador tambien ya han cruzado fronteras.
No hay mejor ejemplo de colaboración antiterrorista como es el de España y Francia, quizas el ejemplo mas exitoso hasta el momento de la lucha contra el terrorismo.
Cierto que Colombia no debio de atacar en suelo Ecuatoriano, pero tambien es cierto que Ecuador no ha hecho nada para evitar que los terroristas entrasen en suelo Ecuatoriano. ¿Para eso existen fronteras verdad?.
La excusa de que se estaba negociando con las FARC, es una excusa muy debil, tanto Rafael Correa como Chavez deberian de saber que no se negocia con ningun grupo terrorista, BAJO NINGUN CONCEPTO.
Pero pienso que aqui el problema no radica en que si Colombia ataco a Ecuador, sino en que Chavez ha conseguido desestabilizar a Colombia , que ahora llamara a Alvaro Uribe el pelele de ..... Clinton, Obama, McCain o sera Bush.......Pero algun insulto tiene que surgir de la boquita de Chavez.
Y ese es el principal motivo, que no se equivoque Rafael Correa, Rafael Correa deberia de pensar que tienen terroristas en su suelo, y con esa actitud los terroristas estaran pensando que tienen un amigo en Rafael Correa, no un enemigo.....
Es bueno ver que Ecuador y Colombia han llegado a un acuerdo para resolver la crisis diplomatica, pero la pelota esta ahora en el tejado de Ecuador, por que Colombia ha podido demostrar que en territorio Ecuatoriano hay Terroristas de las FARC.
Esperemos que Rafael Correa recapacite, y se plantee un acuerdo de lucha contra el terrorismo con Colombia...por que con Chavez ya se sabe que no se puede contar....
Fuentes:
FARC
Uribe intenta sentar a Chávez en el banquillo por apoyar a las FARC
Ecuador y Colombia llegan a un acuerdo de resolución en la OEA para resolver la crisis diplomática
La 'guerra' de Chávez
Sus acciones abarcan desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil e inclusive Panama. Mas de 31 paises consideran a esta grupo como un grupo terrorista, paises como Colombia, Peru, Estados Unidos, Canada y la Unión Europea.
Hasta hace poco tanto Ecuador, Brasil y Bolivia decidieron no intervenir, y Venezuela considera a las FARC, como un grupo beligerante pero no terrorista.
Despues de esta introducción, es evidente que hasta el reciente ataque realizado por Colombia, Ecuador decidio no intervenir en esa lucha. Es decir, no ha hecho absolutamente nada por resolver un problema que es local y que no incumbe solo a Colombia sino a 4 paises mas.
Pero como siempre Venezuela, y el Señor Chavez se han querido aprovechar de protagonistas, haciendo de "intermediador" entre las FARC y el gobierno de Colombia.
Me dio verdadera pena el presidente Rafael Correa, y de hecho me da una pena patetica, por que trata a los terroristas como alguien humano, que lo son evidentemente. Pero de darles el beneplacito de ser angelitos de dios es demasiado. En cuanto a Chavez, pues es evidente que ha estado financiando a las FARC, por que desestabilizando a Colombia estaria atacando a su "enemigo", El Imperio.
El que Chavez haya entregado 200 millones de euros a las FARC, creo que es una prueba suficienta para una ruptura de relaciones con Venezuela.
Ni Venezuela, ni Ecuador han tenido interes en resolver un problema que incumbe a esos paises. Y como ejemplo de resolución de un problema se puede poner a España y Francia como ejemplo de cooperacion en la lucha antiterrorista, donde Francia ha capturado a muchos terroristas etarras entregandoselos al gobierno español.
La lucha que ha llevado a cabo Colombia con apoyo de Estados Unidos en grande, y Estados Unidos ha sido el unico pais que decidio apoyar a Colombia contra el narco, pero el narco financiaba a las FARC, ahora destruido casi el narco, es Chavez quien las financia con nada mas y nada menos que 200 milloncejos de euros....vamos 566,136 mil millones de pesos colombianos.....casi na.....
La hipocresia de Chavez es inmensa, permitiendose el lujo de insultar a quien le plazca, su falta de respeto es inmensa...pero que Rafael Correa califique a los miembros de las FARC como angelitos de Dios por que les calleron unas bombitas....
Rafael Correa deberia de plantearse que deben hacer algo contra las FARC, y no seguir en la posición de que es un problema de Colombia, no ya no lo es, es de Ecuador tambien ya han cruzado fronteras.
No hay mejor ejemplo de colaboración antiterrorista como es el de España y Francia, quizas el ejemplo mas exitoso hasta el momento de la lucha contra el terrorismo.
Cierto que Colombia no debio de atacar en suelo Ecuatoriano, pero tambien es cierto que Ecuador no ha hecho nada para evitar que los terroristas entrasen en suelo Ecuatoriano. ¿Para eso existen fronteras verdad?.
La excusa de que se estaba negociando con las FARC, es una excusa muy debil, tanto Rafael Correa como Chavez deberian de saber que no se negocia con ningun grupo terrorista, BAJO NINGUN CONCEPTO.
Pero pienso que aqui el problema no radica en que si Colombia ataco a Ecuador, sino en que Chavez ha conseguido desestabilizar a Colombia , que ahora llamara a Alvaro Uribe el pelele de ..... Clinton, Obama, McCain o sera Bush.......Pero algun insulto tiene que surgir de la boquita de Chavez.
Y ese es el principal motivo, que no se equivoque Rafael Correa, Rafael Correa deberia de pensar que tienen terroristas en su suelo, y con esa actitud los terroristas estaran pensando que tienen un amigo en Rafael Correa, no un enemigo.....
Es bueno ver que Ecuador y Colombia han llegado a un acuerdo para resolver la crisis diplomatica, pero la pelota esta ahora en el tejado de Ecuador, por que Colombia ha podido demostrar que en territorio Ecuatoriano hay Terroristas de las FARC.
Esperemos que Rafael Correa recapacite, y se plantee un acuerdo de lucha contra el terrorismo con Colombia...por que con Chavez ya se sabe que no se puede contar....
Fuentes:
FARC
Uribe intenta sentar a Chávez en el banquillo por apoyar a las FARC
Ecuador y Colombia llegan a un acuerdo de resolución en la OEA para resolver la crisis diplomática
La 'guerra' de Chávez
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